| Resumo: | La Convención sobre los Derechos del Niño, precedida por un movimiento internacional por la defensa de los derechos de este grupo, es el pilar fundamental de un nuevo modelo jurídico-social llamado Modelo de Protección Integral de los Derechos del Niño. La lógica propiciada por este modelo puso en evidencia que la legalidad de intervenciones tutelares y la criminalización de la pobreza fueron los principales efectos de concepciones y prácticas judiciales, sociales y culturales que se traducían en una sistemática violación de los derechos civiles de los niños y niñas en el ámbito judicial. La consideración de niños y niñas como sujetos de derechos ha sido entendida como su reconocimiento explícito y especial, en tanto personas titulares de todos los derechos de los que gozan los adultos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) más un plus de derechos (a la recreación, a la protección prioritaria) por su condición de personas en desarrollo. Este reconocimiento es un imperativo al Estado, a la comunidad y a la familia, quienes deben incorporar en sus políticas y prácticas esta nueva concepción de la niñez. Dentro de este marco, la universidad pública, como parte de la política educativa estatal, tiene la responsabilidad de asumir el enfoque de derechos en sus diferentes niveles de actuación (formación, investigación y extensión).
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