| Summary: | Gabriel Ponce Hernández ha escuchado en varias ocasiones que la costumbre debería ser una causa de exclusión de la antijuridicidad de una conducta típica, considerando que la ley debe comprender los sentimientos sociales y dotarlos de regulaciones para el buen convivir social. Sin embargo, esta misma costumbre que debe ser regulada y reconocida por la ley, tiene que encontrarse ceñida a las buenas prácticas que conducen a la correcta administración pública, en beneficio de toda la colectividad, y donde las normas legales deben ser cuidadosamente cumplidas y respetadas, puesto que de no hacerlo se genera inseguridad jurídica, y un Estado ineficiente por la corrupción que degenera las estructuras democráticas, causando un perjuicio colectivo que atenta contra toda la confianza en el estado de derecho.
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