Memoria del proyecto: política pública de seguridad ciudadana - Jarrín, Oswaldo
En un Estado de Derecho la vida democrática de la sociedad se encuentra sujeta a la Constitución, que es el mecanismo para garantizar la distribución del poder, la justicia y la riqueza, en función del bien común, y de la preservación de los derechos y libertades de los habitantes, en un ambiente de paz y estabilidad que promueva el desarrollo humano y comunitario. En este contexto, la protección de las personas dentro de la jurisdicción del Estado es una responsabilidad prioritaria del gobierno. El incremento de la inseguridad en el Ecuador, según las estadísticas del diagnóstico realizado, acusa un acelerado incremento de la tasa de homicidios, delincuencia, victimización y violencia, a niveles que, siendo todavía manejables, se agravan debido a diversos factores relacionados con deficiencias en la organización, legislación y gestión pública. Los defectos de comunicación distorsionan la percepción social del fenómeno de inseguridad a causa de una falta de mecanismos técnicos que ofrezcan información objetiva y sistematizada. Bajo la consideración de que la seguridad debe ser una política de Estado y esencialmente preventiva, la academia se ha propuesto con la presente publicación servir de nexo entre el gobierno, las instituciones y la población, para, en forma democrática, transformar los factores perturbadores de la paz, el orden y la sana convivencia en oportunidad de retroalimentación positiva que conduzca a los cambios necesarios.