| Summary: | Este trabajo investigativo denominado la ineficacia jurídica de la declaración patrimonial juramentada en el Ecuador como herramienta para evitar la comisión de fraudes, demuestra que a pesar de que existe un mandato constitucional que obliga a los funcionarios y autoridades públicas a rendir declaraciones de bienes en forma previa y cuando se concluya sus funciones para las que han sido nombrados o designados e incluso en otros casos durante el desempeño del mismo, con el objetivo de que sea una herramienta por una parte para evitar la corrupción y por otra como un instrumento de rendición de cuentas, la misma se cumple en forma parcial en virtud de que la legislación secundaria no permite una verdadera aplicación del mandato constitucional del artículo 122.
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