| Summary: | Toda actividad de la administración tributaria esta reglada, haciéndola posible a través de las distintas facultades de las que la misma ley la ha dotado para de esta manera regular su accionar y cumplir sus objetivos, estas facultades de las que se le ha investido a la administración tributaria constituyen un referente para los contribuyentes para que, de esta manera saber cual es la actividad que ejerce y cuales son los derechos y obligaciones que éstos tienen frente a ella. Todo este accionar cuenta con un procedimiento que esta regulado en la ley, estableciendo requisitos para todo acto que emane de la administración tributaria como también para toda acción que los contribuyentes inicien en contra de ésta, requisitos de valides de los actos y sus respectivas condiciones para hacerse efectivos; de igual forma se establecen los términos con los que la administración tributaria cuenta para conocer y resolver cualquier reclamo o petición que sea puesta en su conocimiento por parte de los contribuyentes; siendo su obligación pronunciarse respecto de ello. Del procedimiento administrativo, ante la inconformidad de lo resulto por la administración se puede iniciar la acción contenciosa ya que la administración tributaria mediante su pronunciamiento puede afectar al contribuyente y no es posible que ésta instancia sea única y definitiva, lo que derivaría en arbitrariedad e injusticia por parte de la administración tributaria, dejando en indefensión a los contribuyentes; por lo que existe un órgano superior que conoce de las controversias que surgen entre administración y administrados, controversias que nacen precisamente de la relación jurídico tributaria existente, siendo éste el que dirime los conflictos existentes a través de un procedimiento y se ponga fin al conflicto surgido en la recaudación de los tributos
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