| Summary: | El Debido Proceso es un derecho básico y fundamental del ser humano que garantiza mínimas condiciones respecto del procedimiento, es aplicable a todo tipo de proceso y constituye una serie de normas, principios y garantías que tienden a precautelar el ejercicio y la aplicación de un derecho. En nuestra Constitución, el Derecho al Debido Proceso se encuentra en el Título II, Derechos, Capítulo octavo, Derechos de Protección, desde el Art. 75 al 82 Doctrinariamente el Debido Proceso se ha clasificado en: Debido Proceso Sustantivo (substantive duo process) y Debido Proceso propiamente Procesal (procedural due process). El Derecho al Debido Proceso se ha ido institucionalizando mediante principios de idoneidad, neutralidad, imparcialidad, igualdad, transparencia, contradicción, evidencia y motivación entre otros. El Derecho al Debido Proceso tiene su importancia en una aplicación efectiva por parte de los jueces, órganos de la administración, legisladores en la formación de la ley e incluso en la jurisprudencia cuando sea fuente de garantías. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación o un desconocimiento del mismo, el Derecho al Debido Proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos. Los administrados y justiciables en el Derecho al Debido Proceso tienen un mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales como: la oportunidad para interponer recursos, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta en proceso; la aplicación del principio de favorabilidad, entre otros
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