| Summary: | Al ser los candidatos a elección popular quienes pretenden representar a los ciudadanos en la administración estatal en ejercicio de la soberanía de los electores, su perfil ciudadano debe ser tal que demuestre idoneidad suficiente para el cargo que pretende ostentar, que brinde confianza y seguridad a sus futuros posibles gobernados, que su administración será siempre con apego al principio de transparencia. Por ello, para garantizar esta circunstancia, la Constitución Política del Ecuador en su artículo 113 ha establecido las inhabilidades o prohibiciones para ser candidata o candidato de elección popular, así: ?No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.? Con la nueva Constitución Ecuatoriana de septiembre del 2008 se crea el Tribunal Contencioso Electoral, que entre otras funciones, tiene la de calificar y descalificar las candidaturas de personas que según el caso, se encuentren inmersos dentro de una o más de las prohibiciones del art. 113 de la Carta Magna. La Impugnación de las candidaturas le corresponde a las alianzas o partidos políticos, a los representantes legales de los partidos políticos, etc., a través del Recurso Contencioso Electoral.
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