| Summary: | La Constitución 2008, recoge en su articulado los derechos internacionales de los consumidores, establece "el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características". Consagra el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes en el plazo adecuado. La Carta Política, además prevé, el establecimiento de mecanismos de control de calidad, la reparación e indemnización correspondientes, la responsabilidad de los prestadores de bienes servicios y los procedimientos de defensa del consumidor. Nuestra Legislación cuenta con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor como cuerpo legal que recoge lo señalado en la Constitución y señala los mecanismos para la defensa y garantía de este grupo social. Pero de nada sirve la legislación en el campo del consumidor y usuario, si este conglomerado de personas, no conocen los derechos de que se encuentran asistidos, por lo que el Estado debe propender a la culturización del ciudadano en este caso usuario y consumidor, como miembros débiles de la relación proveedor-usuario.
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