| Sumario: | Este estudio se propone mostrar en qué medida el Código de Procedimiento Civil y sus leyes complementarias son el texto que reglamenta la garantía de justicia contenida en la Constitución. Nadie ha dudado de que las garantías constitucionales de la propiedad, el trabajo, la familia, el comercio, la libertad, cuenten a lo largo de toda la codificación, con un régimen protector, mas para que este sea jurídicamente valido debe guardar correspondencia con la Ley Fundamental. Es por ello que entre la Constitución y la ley no debe mediar sino un proceso de desenvolvimiento sistemático. No solo la ley procesal debe ser fiel intérprete de los principios de la Constitución, sino que su régimen del proceso, y en especial el de la acción, la defensa y la sentencia, solo pueden ser instituidos por la ley. El régimen del proceso debe determinar la ley, ella concede o niega poderes y facultades dentro de las bases establecidas en la Constitución. Como todos sabemos, los principios básicos del constitucionalismo son tres: la limitación del poder, la tutela de derechos fundamentales de los individuos y el reconocimiento de la supremacía de aquel instrumento normativo básico, sustento de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho, al cual conocemos con el nombre de Constitución.
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