| 總結: | Para nadie es desconocido que los Registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pertenecían a la FUNCION JUDICIAL, bajo el control del Consejo Nacional de la Judicatura, el servicio que prestan es público, pero no tienen dependencia económica del Estado, la Ley del Registro de la Propiedad autoriza cobrar aranceles, por tanto, la logística necesaria para el funcionamiento de las Oficinas del Registro de la Propiedad depende exclusivamente del accionar personal y económico del titular de estas dependencias, como proveer de local físico, personal necesario, sistemas de computo, elaboración de bases de datos, etc., dando como resultado la modernización de estas dependencias a nivel nacional en un 80%. El Art. 265 de la Constitución del Estado del 2008 establece que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre la Función Ejecutiva y las municipalidades. Frente a este nuevo ordenamiento, es lógico preguntarse, ¿Qué pasará con los Registros de la Propiedad? ¿Se reconocerá la propiedad intelectual en la creación de las bases de datos a sus titulares? estas interrogantes conllevan tres problemas: a) con relación al contenido de la información; b) el derecho sobre los datos que contiene; y, c) el derecho a la base de datos como tal. Este estudio trata de conocer en lo técnico la estructura de una base de datos, su contenido, y dentro de lo jurídico analiza el marco legal nacional en concordancia con la legislación latinoamericana e internacional, revisa jurisprudencia sobre la materia y plantea sugerencias para la elaboración de una Nueva Ley de Registro de la Propiedad acorde a los cambios tecnológicos.
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