Delitos contra la administración pública e impunidad: análisis de casos

La Constitución garantiza la vigencia del Estado Democrático y la administración pública libre de corrupción. La Administración Pública es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en a...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ríos Cordero, Mateo
Other Authors: Morales Alvarez, Jorge
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17304
Description
Summary:La Constitución garantiza la vigencia del Estado Democrático y la administración pública libre de corrupción. La Administración Pública es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. El peculado es la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel o a quien está confiada su custodia o administración. El cohecho consiste en sobornar, corromper, con dádiva al funcionario público o persona encargada de un servicio público, o juez que administra justicia para que ejecute un acto de su empleo u oficio aunque sea justo, pero no sujeto a retribución. La concusión consiste en mandar, percibir, exigir o recibir lo que el empleado público sabe que no es debido por concepto de derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones. El enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio que una persona ha producido como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública. Al realizar el análisis de los casos, en el año 2004, por delitos contra la Administración pública, encontramos que de los cuatro, en los 3 se han recomendado sugerencias en el orden administrativo y el último caso si bien por el organismo de control se determina el delito de falsificación de documentos, así como recomendaciones de orden administrativo, finalmente se desestimó la denuncia y se ordenó su archivo. De lo brevemente expuesto se concluye que si bien la Regional II Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y la Función Judicial en los casos analizados han cumplido lo que en derecho les corresponde, pero es indudable que frente a los hechos acontecidos en nuestra sociedad en los últimos tiempos, ha sido la falta de denuncia de los actos y delitos en contra de la Administración Pública, que hacen que estos queden en la impunidad.