| Summary: | La independencia de la Función Judicial y del quehacer jurisdiccional, es un requisito prioritario en un Estado Social de Derecho. Al constituirle al Ecuador con esta naturaleza, requiere de una auténtica organización mediante la división de los Poderes establecidos en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, con la delimitación específica de las funciones asignadas para cada uno de ellos. En este sentido, se pretende analizar el verdadero alcance de esta delimitación de funciones, asignadas a la labor jurisdiccional dentro del sistema judicial ecuatoriano y la incidencia manifiesta en nuestra sociedad. Al asignarse a la Función Judicial la delicada tarea de administrar justicia, se evidencia en forma constante y progresiva la interferencia sobre todo política a sus funciones, llegando inclusive a transgredirse estos valores dentro de la propia Institución, irrespetándose el principio constitucional de la independencia que consagra nuestra Carta Política, que debería ser reconocido y respetado por los demás funciones del Estado y por los propios Organismos Judiciales, pero el nivel de influencia se torna tan alarmante que conduce a manifestaciones de corrupción por los incontrolables excesos del poder político, provocando como es obvio afección a la labor jurisdiccional, que ha determinado en la desconfianza por parte de la ciudadanía para acceder a los Tribunales de Justicia, situación que ha generado y sigue generando secuelas graves en el país e incluso a nivel internacional, por la repercusión legal, social y económica.
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