La regulación administrativa del transporte terrestre, a la luz de la Constitución de la República del Ecuador

El ordenamiento jurídico vigente, contempla el mecanismo de transferencia de competencias a los GADS municipales y metropolitanos, conforme la Constitución lo dispone. Además, prevé los mecanismos de regulación y control administrativo de la competencia de transporte terrestre, por intermedio de un...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Arévalo Segarra, Ana Carolina
Other Authors: Mulla Avila, Freddi Humberto
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20325
Description
Summary:El ordenamiento jurídico vigente, contempla el mecanismo de transferencia de competencias a los GADS municipales y metropolitanos, conforme la Constitución lo dispone. Además, prevé los mecanismos de regulación y control administrativo de la competencia de transporte terrestre, por intermedio de un título habilitante. Por ello esta Tesis, realiza un análisis jurídico, a la luz de la Constitución, en torno a la regulación administrativa del transporte terrestre y las atribuciones que un GAD adquiere. Para la investigación se ha utilizado el método deductivo, partiendo de las normas constitucionales referentes al ejercicio de competencias transferidas a los GADS, para luego considerar la normativa jerárquicamente inferior.La técnica fue la documental, pues se contó con el respaldo de cuerpos normativos, doctrinales y apreciaciones prácticas que se han obtenido hasta la actualidad. La contribución al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, se ha de entender, en virtud de que los GADS apliquen a cabalidad el ordenamiento jurídico pertinente, en el ejercicio de regular al transporte terrestre, como parte integrante del buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas. Se ha investigado todas las formas de prestación del servicio, las modalidades de transporte, los derechos y obligaciones de las operadoras y personas usuarias del transporte; por otra parte, se ha argumentado algunas reformas normativas, necesarias para armonizar al ordenamiento jurídico de la materia, así como propuestas de nuevas normas jurídicas imperiosas, para garantizar una calidad en la prestación del servicio, desde un punto de vista práctico y jurídico.