| Summary: | A principios del año 2019, el Ecuador solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de aproximadamente 4.21 billones de dólares a través de una carta de intención en la que se manifestaba la voluntad de acogerse a las políticas económicas sugeridas por la entidad dentro de la evaluación realizada previamente en el país. A mediados del año 2019, el FMI aprobó el préstamo solicitado por el Ecuador con la condición de que el país adopte una serie políticas económicas, dentro de las cuales era posible encontrar reformas laborales basadas en tres ejes: la flexibilización del contrato de trabajo, la eliminación de costos de contratación y despido, y la ampliación del periodo de prueba. Sin embargo, estas medidas centradas en el capital por sobre el factor humano, resultan incompatibles con disposiciones constitucionales y legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, son regresivas respecto de diversas conquistas laborales, y además contravienen principios del Derecho de Trabajo como la estabilidad laboral, el principio de intangibilidad de los derechos laborales y el principio de protección por desempleo, entre otros.
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