| Summary: | El proceso penal en las últimas décadas ha sufrido importantes transformaciones. No obstante, principios rectores del sistema de enjuiciamiento acusatorio, se han mantenido en mayor o menor medida inalterables. Ecuador no ha estado al margen del influjo de estas corrientes. Es así que, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, se regulan un conjunto de procedimientos, como el directo, que buscan dar celeridad al proceso penal cumplimentando determinados requerimientos. A pesar de ello, en la realidad ecuatoriana, el procedimiento directo afecta a garantías fundamentales tales como el derecho a la defensa, la igualdad de sujetos procesales y el derecho a ser jugado por un juez imparcial, que atentan ineludiblemente contra la esencia misma del garantismo penal y del constitucionalismo imperante en el sistema de derecho ecuatoriano. A partir de este presupuesto, la investigación que realiza un análisis doctrinal, legal y jurisprudencial en torno a categorías importantes como debido proceso, procedimiento directo y su análisis en la realidad ecuatoriana, a través de una metodología mixta y un enfoque descriptivo, permitiendo conocer las falencias y vulneraciones de determinados derechos y garantías del debido proceso que se dan en el procedimiento directo, demostrando la necesidad de reestructurarlo con la finalidad de convertirlo en una institución garantista y concordante con las exigencias de los derechos de los procesados en la actualidad y de las garantías necesariamente imperantes en el proceso penal.
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