| Summary: | En el presente trabajo, se realiza un análisis jurídico de la Opinión Consultiva OC-23/17
emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que por primera
vez se reconoció el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano autónomo a nivel
regional, se enfatizó en su estrecha relación con los demás derechos y se establecieron las
obligaciones de los Estados, entre ellas la prevención, precaución, cooperación y obligaciones
de procedimiento frente a posibles daños ambientales. Además, se analiza la estructura y
competencias de la Corte IDH, la naturaleza de las sus Opiniones Consultivas, la figura del
control de convencionalidad; posteriormente se determinan los alcances y efectos de esta
Opinión Consultiva, respecto al Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta su normativa interna
vigente referente al derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, para finalmente
concluir que estos pronunciamientos poseen un valor jurídico innegable y deben ser acogidos
por todos los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),
entre ellos Ecuador.
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