| Summary: | El presente trabajo analiza las instituciones jurídicas que le dotan de legitimidad y
conveniencia al control constitucional en materia económica y social. Al ser un debate
que se encuentra en la palestra del derecho constitucional, nuestro ordenamiento jurídico
no está exento de ello porque establece un control de constitucionalidad robusto que
abarca toda la actividad legislativa. Situación que se complica al tratar los derechos
económicos y sociales que han estado históricamente subordinados a un componente
financiero.
Para abordar esta problemática, se describe la postura elitista y radical de la democracia
que tratan el papel de las altas cortes al realizar un control de normas, mismas que son
insuficientes con respecto a los derechos económicos y sociales.
Asimismo, se estudia la manera en que los jueces constitucionales efectúan una revisión
de normas a través del examen de un caso de la Corte Constitucional del Ecuador, el
cual versa sobre una imposición tributaria que vulnera derechos de los adultos mayores
y personas con discapacidad.
En definitiva, si bien existen argumentos plausibles que apoyan la falta de capacidad de
jueces constitucionales para resolver sobre política económica y social, no es menos
cierto que instituciones jurídicas como la democracia y distinción de poderes en un
contexto deliberativo de la democracia otorgan legitimidad y conveniencia al control
constitucional de los derechos económicos y sociales
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