| Summary: | El Ecuador es un Estado constitucional, de derechos y justicia, en el cual se
garantiza a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas el acceso gratuito a
la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos.
El fiel cumplimiento y correcta aplicación de los derechos antes mencionados
no estarían garantizados en su totalidad por el Estado ecuatoriano a causa del
último inciso del artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos. Inciso en
el que se dispone que, posterior a la calificación a la demanda de acciones de
impugnación de obligaciones tributarias, se rinda una caución equivalente al 10%
del valor total en un plazo de veinticinco días, caso contrario se entenderá como no
presentada lo que acarreará el archivo de la causa.
Dicha disposición normativa trajo consigo numerosas dudas a los
administradores de justicia acerca de verdadero alcance constitucional y la correcta
aplicación de la misma, dando paso a la interposición de una demanda de acción
pública de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional en fecha 06
de noviembre de 2015.
El presente trabajo de titulación aborda un estudio detallado del caso No. 92-
15-IN de la Corte Constitucional en el cual se determinó la inconstitucionalidad del
último inciso del artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos, así como también un examen doctrinario referente al derecho de acceso gratuito a la
administración de justicia, la tutela judicial efectiva y la caución en materia tributaria.
Del mismo modo, se realiza un análisis de las posturas de cada una de las partes
procesales y la decisión tomada por parte de la Corte Constitucional como máximo
órgano de interpretación y control constitucional reflejada en la sentencia No. 92-
15-IN/21 dentro de la presente causa.
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