| Summary: | La potestad sancionadora administrativa le permite al Estado la potestad de imponer sanciones a los ciudadanos que realicen acciones contra lo establecido en la ley o funcionarios que incurren en faltas al ejercer un cargo público. En el caso de Ecuador, esta potestad está sujeta a leyes que limitan el poder punitivo de la administración, las mismas que a partir del año 2018 se reformaron en un solo cuerpo normativo denominado Código Orgánico Administrativo (COA), que cuenta los cuerpos legales asociados como el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva (ERJAFE) y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), donde no se identifican estudios para determinar la efectividad, ante ello surge la presente investigación que tiene como objetivo realizar un análisis crítico y comparativo para evidenciar si las reformas garantizan un proceso administrativo sancionador eficiente. Los resultados muestran que existen grandes avances que evidencian claridad y orden del proceso sancionador, pero que presenta deficiencias relacionadas con la arbitrariedad y contradicciones a la constitución
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