| Summary: | La sentencia No. 8-19-CN/22 expedida por la Corte Constitucional del Ecuador abarca un
importante análisis de la facultad que posee el funcionario ejecutor para dictar la medida de
arraigo o prohibición de salida del país sin trámite previo contenida en el art 164 del Codigo
Tributario. Esta declaratoria de inconstitucionalidad cambia positivamente las reglas
respecto a la forma en que puede ser impuesta esta medida cautelar personal en los
procedimientos de ejecución coactiva tributarios. El presente trabajo parte desde el análisis
doctrinario, legal y jurisprudencial referente al procedimiento de ejecución coactiva como
elemento del principio de la autotutela administrativa del que goza la Administración
Tributaria, su origen y naturaleza jurídica, las atribuciones del funcionario recaudador; y, la
compatibilidad de esta figura jurídica y sus herramientas, con el texto constitucional; así
como el respectivo análisis del caso, la consulta presentada por jueza, el amicus curiae
elaborado por el SRI y al final, la decisión a la que llega la Corte.
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