| Summary: | Millones de mujeres y hombres fueron víctimas de atrocidades que conmovieron a la humanidad durante el siglo XX, especialmente en la II Guerra Mundial donde se dieron torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas entre otras, conformándose lo que se llamo delitos internacionales como delitos de guerra, de lesa humanidad y el genocidio considerados una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional definió a estos delitos internacionales como crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto . Sin embargo en el espectro nacional, la implementación o generación de leyes que contribuyan a afianzar la nueva Constitución es una tarea aun no terminada, especialmente en este ámbito, a fin de juzgar a presuntos criminales en el marco institucional nacional, conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, del 2008, en su artículo 84, obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades . Sea como fuere sería reprochable y condenable darse por vencidos frente a estos hechos y renunciar a toda actividad tendiente a mejorar el respeto del derecho humanitario, por eso hay que considerar la represión penal de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio como un aporte a la aplicación del derecho humanitario a nivel nacional como internacional.
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