| Summary: | La aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, supuso la entrada en vigor, de manera generalizada de tasas por el acceso a la Administración de Justicia, excluyendo ciertos procesos. Se ha debatido mucho en foros públicos y especializados sobre la conveniencia de tales tasas y su posible afectación al derecho fundamental de defensa. Sin perjuicio de que se pueda hacer una reflexión al respecto, la importancia y novedad de la cuestión, unido a la percepción de una serie de problemas de aplicación de los procedimientos tributarios tal cual concebidos en la ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria; motiva la necesidad de un estudio de cierta profundidad sobre estos problemas y las posibles consecuencias y soluciones aplicativas.
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